Documentos recién publicados revelan el rastro internacional de la financiación previa al asesinato de Berta Cáceres
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Documentos recién publicados revelan el rastro internacional de la financiación previa al asesinato de Berta Cáceres

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Dos días antes de que a Berta Cáceres la asesinaran en Honduras, un banco en los Países Bajos transfirió mediante una cuenta extraterritorial poco más de un millón setecientos mil dólares a una compañía de concreto.

Dos años antes, el banco nacional holandés FMO se había unido a la financiación del proyecto controversial de la represa Agua Zarca, en Honduras. Encabezado por una compañía llamada Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, o DESA, el proyecto de la construcción de la represa fue un esfuerzo de David Castillo y de Daniel Atala Midence; el director ejecutivo y el director financiero de la compañía, respectivamente. Cáceres, una reconocida activista ambiental y líder de la comunidad indígena lenca, fue la fuerza motora de las protestas contra esta construcción.

Una serie de documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses que se compartieron con The Intercept revelan, por primera vez, el rastro de la financiación internacional en los días antes del 2 de marzo de 2016, cuando un escuadrón asesino invadió el hogar de Cáceres para matarla. El banco les entregó los documentos a dos abogados holandeses de derechos humanos, Wout Albers y Ron Rosenhart Rodríguez, que han pasado los últimos dos años representando a la familia de Cáceres y al COPINH —la organización que cofundó— en una demanda civil que procura exigirle a FMO la rendición de cuentas por su rol en el proyecto de Agua Zarca. (La demanda se radicó por primera vez en el 2018, en Holanda; Albers y Rosenhart se integraron en el 2020). El martes, 28 de junio, la familia y los abogados presentaron una petición ante fiscales de los Países Bajos en la que piden una investigación criminal del FMO.

En al menos cuatro ocasiones, según la documentación, el banco emitió fondos a una compañía afiliada con Castillo y Atala que no correspondía con el destinatario estipulado. El dinero se enrutó mediante una cuenta extraterritorial del Deutsche Bank en la Ciudad de Nueva York.

Castillo fue convicto por ser uno de los colaboradores de la muerte de Cáceres en el 2021, y recibió una sentencia de 22 años y seis meses en prisión el 20 de junio. Ocupaba puestos de liderazgo y activos financieros en varias compañías además de DESA. Algunas de estas eran PEMSA, una compañía fantasma panameña con accionistas anónimos; y CONCASA, una empresa concretera que casi no brinda información sobre su actividad en el registro corporativo hondureño. Su socio de negocios, Atala, es miembro de la poderosa familia Atala Zablah, que rige un imperio banquero y de industrias privadas casi sin igual en Honduras. Ningún miembro de la familia Atala Zablah ha sido acusado en relación con el asesinato de Cáceres.

Fue Atala el que dirigió el pago de un millón setecientos mil dólares a la compañía Concretos del Caribe S.A., o CONCASA, a pesar de que según revelan los documentos, otra aparecía como la destinataria prevista. Horas después de que el préstamo se completara, Castillo, en comunicaciones por WhatsApp que se divulgaron por el fiscal general de Honduras y que previamente publicara The Intercept, le envió un mensaje de texto al líder del escuadrón homicida de que el pago estaba en camino porque “puede tener disponible el préstamo solicitado”. No se sabe si Castillo se refería al dinero del préstamo enviado a CONCASA.

Menos de 48 horas después, Berta Cáceres estaba muerta.

“Los chats entre Castillo y el líder del escuadrón homicida sugieren que unos pocos días antes [del asesinato] todavía no tenían los fondos”, dijo Albers, el abogado principal del caso a The Intercept. “Después del pago, autorizado por FMO y llevado a cabo por Deutsche Bank como un banco offshore, los tenían”.

Cuando se le preguntó sobre el descuido el banco en cuanto a los pagos, la portavoz de FMO, Monica Beek, emitió las siguientes expresiones: “En vista de los procesos legales que el COPINH ha comenzado, una respuesta a ello corresponde principalmente dentro del marco de un proceso jurídico cauteloso y no ahora, de forma selectiva y sin contexto”. Refirió a The Intercept al sitio web de FMO para más información.

Antes de Castillo, siete de los ocho hombres enjuiciados por llevar a cabo el operativo fueron hallados culpables de asesinato en el 2018 y luego se les sentenció a 30 a 50 años de prisión. Sin embargo, más de seis años después de la muerte de Cáceres, los familiares y los trabajadores de derechos humanos alegan que los autores más poderosos de su muerte siguen impunes.

“Hemos quedado sorprendidas y muy impactadas sobre las prácticas de estas entidades financieras”, dijo Bertita Zúñiga Cáceres sobre las revelaciones. Como coordinadora general actual del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), continúa con la labor que comenzó su madre, Berta.

“Este tipo de transferencias no solamente son irregulares”, dijo Zúñiga Cáceres a The Intercept. “Hicieron transferencias para que prácticamente los dueños de DESA dispusieran de ese dinero a sus antojos sin tener medidas de verificación, sin saber cómo se ejecutaban, pues es algo que es muy impactante, y saber que iban a lugares y a fuentes donde no debían ir y para cosas que en realidad no estaban consensuadas.”

Una líder indígena reza en Tegucigalpa, Honduras, el 5 de abril de 2021 durante una ceremonia espiritual antes del comienzo del juicio contra uno de los supuestos ideólogos del asesinato de Berta Cáceres.

Foto: Elmer Martinez/AP

En el 2015, Cáceres se llevó a sí misma a un sitial mundial —y a DESA a la infamia— cuando ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman, conocido como “el Nobel verde”, por liderar la resistencia indígena a la construcción de la represa de Agua Zarca. Como activista, ayudó a unir los movimientos sociales de Honduras en un frente de resistencia común contra los regímenes de derecha que ocuparon el poder luego de que las fuerzas de seguridad hondureña dieran un golpe en el 2009. La transferencia forzosa de poder trajo consigo un incremento mortal en la violencia general y por el Estado, lo que provocó que la administración de Obama la condenara públicamente a pesar de que el Departamento de Estado nunca la clasificó oficialmente como un golpe militar. Los profundos vínculos con los Estados Unidos de las fuerzas hondureñas eran más que evidentes y hubo informes posteriores que revelaron que la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, procuró establecer comunicaciones con el gobierno golpista interino.

Desde entonces, Honduras ha atestiguado montones de asesinatos de defensores de las tierras y del agua —muchos de los cuales son indígenas o afroindígenas— que se oponían a las minerías, a las agroempresas y a los proyectos de represas que arguían que les desplazarían de sus tierras. Muchos de estos proyectos no contaron con consulta previa de los grupos indígenas, según se requiere por las convenciones internacionales a las que pertenece el gobierno hondureño. No obstante, incluso así recibieron apoyo de instituciones financieras transnacionales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano o —en el caso del proyecto de Agua Zarca— de FMO en Holanda.

FMO se vanagloria de invertir en países pobres plagados por la violencia y la corrupción y de inyectar dinero en proyectos de desarrollo en los que el “país… carece infraestructura financiera o se percibe demasiado ‘frágil’ por inversores privados”. La oportunidad de apoyar el proyecto de Agua Zarca parecía caerles como anillo al dedo.

La reina Máxima de Holanda, en el centro, visita un taller del “Fempower Your Growth Program” en el Banco de Desarrollo Holandés FMO en La Haya, el 11 de septiembre de 2019.

Foto: Wesley de Wit/AFP via Getty Images

DESA, que se incorporó poco después del golpe de 2009 y que se contrató enseguida para el proyecto Agua Zarca, era propiedad tanto de Castillo —un ejecutivo y oficial de inteligencia del ejército hondureño que fue entrenado por los EE. UU.— como de la poderosa familia Atala Zablah. Cuando FMO acordó servir de prestamista para Agua Zarca, dijo que el dinero sería para los contratistas que construían la represa y no para DESA en sí, ni para ninguna transacción con una afiliada, lo que se define como una compañía directa o indirectamente controlada por DESA.

En el 2013, los residentes indígenas lenca comenzaron a protestar contra la represa. Reclamaban que no había habido una consulta previa y alegaban que el proyecto los desplazaría del sagrado río Gualcarque. Dirigidas por Cáceres y el COPINH, las protestas se intensificaron por los próximos dos años. La represión también. El ejército asesinó un manifestante antirrepresa en el 2013 y hubo contratistas de seguridad privada que luego se abalanzaron sobre los bloqueos contra la represa.

Al final, la violencia provocó que varios socios y prestamistas se retiraran del proyecto. Sinohydro, una compañía estatal china y la constructora más grande de represas en el mundo, abandonó el proyecto en el 2013; COPRECA, una firma de construcción guatemalteca, se fue en el 2014.

No obstante, nada de eso impidió que FMO invirtiera. Alrededor del 2011, varios actores consultaron con el banco la posibilidad de apoyar a Agua Zarca. Uno fue el Banco Centroamericano de Integración Económica, o BCIE, cuyo exdirector hondureño, José Eduardo Atala Zablah, provenía de la misma familia que invirtió en Agua Zarca y también era un exmiembro de la junta de DESA. La familia Atala Zablah no respondió a los intentos de The Intercept para que comentaran.

El 27 de febrero de 2014, FMO, junto con la participación de Finnfund, un financiador finlandés de desarrollos, acordó emitir un préstamo de veinte millones de dólares para financiar el proyecto de Agua Zarca. Bajo el mismo acuerdo, otros $24.400.000 surgirían del BCIE, que se registró como el agente administrativo.

La deuda a esos bancos constituiría el 70 por ciento del presupuesto estimado de $63.4 millones para el proyecto. El otro 30 por ciento se financiaría con equidad compuesta por acciones pertenecientes a Inversiones Las Jacarandas, una compañía de inversiones perteneciente a seis miembros de la familia Atala Zablah, así como Potencia y Energía de Mesoamérica S.A., una compañía fantasma panameña administrada por Castillo. La totalidad de las acciones de PEMSA son al portador, lo que significa que sus accionistas no pueden verificarse mediante registros públicos.

Como parte de un acuerdo prestamista, FMO y BCIE pactaron que el dinero se le transfiriera a DESA mediante una cuenta extraterritorial de terceros de Deutsche Bank, que se identificó en el acuerdo como el “agente de seguridad offshore”, en la Ciudad de Nueva York.

“Marina [Pannekeet, una empleada de FMO] quería que fuera a un reserve account”, le escribió David Castillo después a Daniel Atala en conversaciones de WhatsApp que luego extrajo el fiscal general de Honduras.

“No quiere [que] veamos dinero nunca”, contestó Atala.

En el 2016, la directora de energía de FMO, Elvira Eurlings, les dijo a periodistas holandeses que al banco le empezó a agradar la idea de financiar DESA en parte debido a sus conexiones con la gente participante. “Sabíamos que las dos familias responsables del proyecto DESA eran buenos empresarios con buenas reputaciones”, dijo Eurlings. “No estaban en ninguna lista negra; no había nada de corrupción ni de actividades criminales”. Cuando se le pidieron expresiones, FMO no contestó la solicitud de The Intercept para aclarar quiénes eran las dos familias mencionadas.

Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la activista ambiental asesinada Berta Cáceres, se dirige a una multitud luego de testificar en la Organización de Estados Americanos el 5 de abril de 2016 en Washington, D.C.

Foto: Jahi Chikwendiu/The Washington Post via Getty Images

A Cáceres la asesinaron casi dos años exactos después de que FMO emitiera el préstamo. En medio de una ola de cuestionamientos por los medios, el banco se retractó del proyecto, pero FMO no dejó de defender su apoyo por la represa hasta que el tribunal emitió el fallo de culpabilidad contra Castillo.

“FMO financió una compañía cuyo director ejecutivo ahora fue hallado culpable de estar involucrado en un asesinato”, leían las expresiones publicadas en el sitio web del banco. “Nos sentimos devastados por esto. En retrospectiva hubiéramos querido no haber invertido en el proyecto de Agua Zarca jamás”.

Albers y Rosenhart alegan, sin embargo, que FMO debió haber sabido que algo no andaba bien. Los documentos que compartieron con The Intercept ilustran que los registros internos de FMO con la cuenta extraterritorial de Deutsche Bank —a la que ambos bancos tenían acceso directo y repetido y que en algunos casos contaba con la firma de un representante de FMO— muestran que los beneficiarios hondureños del préstamo nombraban en varias ocasiones a un destinatario de las transferencias bancarias, pero luego las dirigían a otro. Con este proceso, FMO acabó enviando millones de dólares a CONCASA.

Para el primero de estos pagos —según un documento titulado “Requisición de construcción n.01” y con fecha del 12 de noviembre de 2014— Castillo solicitó la transferencia de más de un millón cuatrocientos mil dólares a COPRECA, la compañía guatemalteca de construcción que luego abandonaría el proyecto de Agua Zarca a fines de año. El pago parece que llegó a COPRECA, como se había previsto.

Después de algunas transacciones más, Daniel Atala firmó un documento llamado “Requisición de construcción n.05” con la fecha del 9 de junio de 2015, en el que solicita trescientos millones seiscientos mil dólares para COPRECA. Para aquel entonces ya COPRECA había abandonado el proyecto Agua Zarca. En la misma página, las instrucciones de pago dirigen el dinero a una compañía distinta: “Concretos del Caribe SA,” o CONCASA. (En enero de 2016, Castillo le dio a Daniel Atala el control administrativo sobre CONCASA).

FMO se negó a explicar estas transacciones.

Albers y Rosenhart dicen que no informar transacciones que pudieran ser sospechosas tiene posibles implicaciones legales. En los Países Bajos, por ejemplo, la ley Wwft (el acrónimo en holandés para la Ley contra el Lavado de Dinero y la Financiación Terrorista) requiere que cualquier banco, abogado o institución de inversiones reporten “transacciones inusuales” a la Unidad de Inteligencia Financiera del país. No hacerlo constituye un posible “crimen económico” según la ley holandesa.

Los pagos continuaron. El 14 de septiembre de 2015, en un documento titulado “Requisición de construcción n.o6”, Castillo solicitó cerca de un millón de dólares para COPRECA e identificó a CONCASA como beneficiaria de la cuenta.

G.W. de Boer, un gerente en FMO Bank, aprobó personalmente este documento, y Castillo hizo lo propio. (Después, en la página 446 de la respuesta de 676 páginas en el idioma holandés, FMO lo contradice y dice: “Todas las partes a las que se les proveyó dinero eran conocidas a FMO”. La respuesta nombra a COPRECA como un beneficiario del préstamo, pero no menciona a CONCASA).

Los pagos a CONCASA continuaron ese noviembre. En un documento titulado “Requisición de construcción n.o7” con fecha del 24 de noviembre, Castillo solicitó más de doscientos millones seiscientos mil dólares para COPRECA y de nuevo los envió a CONCASA.

Ya en este punto, a finales del 2015, Castillo estaba colaborando en la conspiración de asesinato. Castillo, junto con el exjefe de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, había organizado un escuadrón asesino en el que un jefe de inteligencia del ejército de Honduras, Mariano Díaz, lideró a un exfrancotirador de las Fuerzas Especiales —que alguna vez estuvo bajo órdenes de Díaz— junto con tres sicarios más. No pudieron matar a Berta Cáceres el 5 de febrero de 2016, ya que, según uno de los sicarios, había demasiada gente cerca de la casa.

“Misión abortada”, Bustillo le escribió después a Castillo en registros telefónicos obtenidos por el fiscal general hondureño. “Esperaré lo que usted dijo: ya no tengo logística. Estoy en cero”.

La logística, sin embargo, llegaría pronto. A la misión le faltaba menos de un mes para ser exitosa.

Miembros de la Policía Militar escoltan a David Castillo, presidente de Desarrollos Energéticos S.A., o DESA, al tribunal para que se le dicte sentencia por la muerte de la ambientalista hondureña y líder indígena Berta Cáceres en Tegucigalpa, Honduras, el 5 de julio de 2021.

Foto: Orlando Sierra/AFP via Getty Images


En un último documento titulado “Requisición de construcción n.o9”, con fecha del 23 de febrero de 2016, Daniel Atala solicitó que se retiraran más de un millón setecientos mil dólares. Una vez más, la petición decía que el beneficiario del dinero sería COPRECA, pero en la misma página lo dirigía a CONCASA. El documento contaba con la firma de G.W. de Boer, el gerente de FMO.

Según las conversaciones telefónicas que obtuvo el fiscal general, alrededor de a la una de la mañana el primero de marzo, Castillo le envió un mensaje de texto a Bustillo para decirle que podía darle el dinero más tarde en la mañana porque “hoy en la noche me pagan y puede tener disponible el préstamo solicitado”.

A medida que los periodistas empezaron a investigar el caso, la mirilla se enfocó pronto sobre DESA. Uno de los cuatro sospechosos arrestados en mayo de 2016 en relación con el asesinato era empleado de DESA. FMO insistió con su versión: a pesar del asesinato de Berta, el financiamiento del banco a Agua Zarca todavía era un beneficio neto para la comunidad.

En julio de 2017, en respuesta a las tensiones sobre el proyecto, FMO y Finnfund le anunciaron al mundo que acabarían oficialmente con su relación con Agua Zarca. En la salida le perdonaron el préstamo; en otras palabras, le regalaron seis millones cien mil dólares al esfuerzo de construcción de la represa. Según la página 546 de la contestación en holandés: “FMO y FinnFund tuvieron que ceder los repagos de sus préstamos y los intereses sobre esos préstamos para poder llegar a una salida”.

En la salida le perdonaron el préstamo; en otras palabras, le regalaron seis millones cien mil dólares al esfuerzo de construcción de la represa.

Los fondos de CONCASA habían provisto otro apoyo al proyecto: mientras la Policía protegía el lugar de la construcción, hubo transferencias de la compañía concretera que se destinaron a adquirir muebles para mantener cómodos a los policías presentes. Tal y como se refleja en los documentos divulgados por el fiscal general de Honduras, dinero proveniente de CONCASA pagaba el salario de Sergio Rodríguez —un exgerente de DESA convicto de orquestrar el asesinato de Cáceres— mientras estaba detenido en espera de juicio.

El 29 de febrero de 2016 —seis días después de la petición del préstamo de un millón setecientos mil dólares y dos días antes del asesinato— Daniel Atala ordenó que se transfirieran un millón doscientos mil dólares de la cuenta de CONCASA en BAC Credomatic en Honduras a PEMSA, dirigido por Castillo en Panamá. El día antes del asesinato, la opción de acciones al portador de PEMSA —que permitía que los accionistas permanecieran en el anonimato— apareció como terminada en el registro corporativo panameño.

Para Albers y Rosenhart, la sucesión veloz de estos eventos —el pago, la matanza y el cambio en la estructura propietaria— era sospechosa.

En una conversación con The Intercept, Rosenhart arguyó que los documentos levantan cuestionamientos considerables sobre si parte del dinero del préstamo en efecto fue para el proyecto de la represa, y que revelaban “una negligencia grave por parte de los bancos a la hora de vigilar cómo el préstamo se gastaba por la otra parte. También demuestran que hay varias líneas de investigación financiera activas para que las autoridades hondureñas, panameñas, holandesas e incluso estadounidenses investiguen”.

Vista exterior de la sede en los Estados Unidos de Deutsche Bank el 8 de julio de 2019, en la Ciudad de Nueva York.

Foto: Angela Weiss/AFP via Getty Images

Según fluía de los Países Bajos a Centroamérica, el dinero de FMO hacía varias paradas en una cuenta extraterritorial domiciliada en la Ciudad de Nueva York. Mientras Albers y Rosenhart se enfocan en FMO, dos abogados en los Estados Unidos levantaron cuestionamientos sobre si Deutsche Bank en Nueva York posiblemente también esté violando la ley.

Deutsche Bank no contestó las llamadas que hiciera The Intercept para pedir una reacción.

El banco multinacional tiene una historia de prácticas financieras cuestionables. En abril de 2022, las oficinas alemanas fueron allanadas por las autoridades del país a raíz de informes de actividad sospechosa. Más de un año después, se le obligó a pagar cuarenta y tres millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores luego de “no poder implementar un sistema de controles internos de contabilidad”, mientras que los documentos filtrados del 2020 mostraban que en la pasada década el banco ayudó a lavar cientos de miles de millones de dólares de dinero malversado así como fondos conectados con el crimen organizado.

Que Deutsche Bank no informara las transferencias de CONCASA no sorprende a Kelsey Jost-Creegan, una abogada graduada de Harvard que trabaja con defensores de tierras en Centroamérica como parte de la organización EarthRights International.

Jost-Creegan revisó las transferencias bancarias a CONCASA y sugirió examinarlas bajo la Ley de Secretividad Bancaria y regulaciones relacionadas que requieren que los bancos de EE. UU. y las instituciones financieras desarrollen e implementen controles antilavado de dinero.

“El hecho de que estas transacciones se hicieron mediante Deutsche Bank New York significa que hay leyes federales y del estado de Nueva York contra el lavado de dinero que están implicadas”, dijo Jost-Creegan, alegando que las transferencias de los préstamos estaban plagadas de banderas rojas que debieron haber comenzado la debida diligencia según estas leyes. Resaltó que en el 2015 el Departamento de Estado de los Estados Unidos nombró a Honduras como una “jurisdicción de interés” por lavado de dinero y crímenes financieros.

“La cantidad de transferencias sobrepasó los límites de las leyes contra el lavado de dinero”, le comentó a The Intercept. Como Albers y Rosenhart, Jost-Creegan subrayó las discrepancias entre el beneficiario declarado y el que recibió, finalmente, el dinero.

Sarah “Poppy” Alexander, una abogada de California que representa a denunciantes de esquemas financieros, fue informada sobre las transacciones y argumenta que las instituciones como Deutsche Bank son responsables bajo la ley estadounidense de reportar transacciones sospechosas en informes de actividad sospechosa. “Si Deutsche Bank tenía cualquier razón para temer que las transferencias se usaban para un propósito sospechoso, normalmente tendrían que divulgarlo”, comentó. “Si el dinero se movía a una cuenta distinta o no estaba conectado con la represa debería ser algo que generalmente levante cuestionamientos”.

“Si FMO logra superar su crisis existencial como un banco de desarrollo, debería reexaminar el modus operandi falto de ética de ser el facilitador de multimillonarios extranjeros para el desarrollo, con el objetivo de que parte de ese dinero acabe donde se pueda usar para una buena causa”, dijo Rosenhart. “En el caso de Agua Zarca, esto era una ilusión desde el principio”.

Las fuerzas detrás de Agua Zarca pertenecen a una red amplia que incluye a algunas de las personas más adineradas de Honduras, incluso de dos poderosas familias cuyos miembros nunca se han enfrentado a la justicia en relación con el asesinato de Cáceres.

Las fuerzas detrás de Agua Zarca pertenecen a una red amplia que incluye a algunas de las personas más adineradas de Honduras.

Varios miembros de la familia Atala Zablah son familiares consanguíneos de otra, pero también poderosa, familia: los Atala Faraj. Seis hermanos Atala Zablah —todos accionistas de “Inversiones Las Jacarandas”, que en sí es el accionista principal de DESA— son primos hermanos del multimillonario Camilo Atala Faraj. Tres de estos, así como uno de sus hijos, eran miembros de la junta o tenían puestos en DESA: Pedro Atala Zablah, dueño de CAMOSA, la distribuidora hondureña de John Deere y copresidente del Club Deportivo Motagua; Jacobo Atala Zablah, presidente del banco hondureño BAC Credomatic; y José Eduardo Atala, exdirector del BCIE y copresidente actual del Club Deportivo Motagua. El hijo de José Eduardo es Daniel Atala Midence, quien era el ejecutivo financiero de DESA y que tenía control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos finales de dinero proveniente de FMO.

José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Daniel Atala Midence eran parte de un grupo de WhatsApp corporativo con David Castillo llamado “Seguridad PHAZ”, en donde se discutía la seguridad y la estrategia de medios de DESA, así como la  relación del grupo con Cáceres en los días cercanos a su asesinato.

Por años, los abogados en los Estados Unidos que representan a la familia Atala Faraj han exigido correcciones por parte de los periodistas que investigan el asesinato de Cáceres. Alegan que ambas familias son independientes y que la familia Atala Faraj no tenía nada que ver con la represa. Camilo Atala Faraj, el propietario del banco FICOHSA, es uno de los hombres más ricos de Honduras. David Castillo, Daniel Atala Midence y los miembros de la junta de DESA se han referido a los préstamos de FICOHSA en conversaciones de WhatsApp presentadas por el fiscal general de Honduras, a pesar de que FICOHSA ha negado en varias ocasiones estar involucrados en el proyecto de DESA.

El COPINH y la familia de Cáceres insisten que Castillo es un mero coautor del asesinato de Cáceres. “Faltan los Atala”, dicen del crimen. Las ramas Atala Zablah y Atala Faraj de la familia han negado rotunda y constantemente esta acusación. The Intercept intentó en repetidas ocasiones contactar a las familias Atala para que se expresaran al respecto.

“Nadie ha sido investigado por todas estas irregularidades [financieras]”, expresó Zúñiga Cáceres. “La búsqueda de la justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, es la oportunidad que tiene no solo el COPINH sino que Honduras de evidenciar el papel nefasto de estas entidades bancarias que hablan de supuestamente un falso desarrollo pero que finalmente sólo están interesados en sus bolsillos, en perjuicio de la población y en perjuicio de quién sé”.

El 25 de mayo, el Congreso Nacional de Honduras decretó que Berta Cáceres sería condecorada como una heroína nacional. Para algunos fue extraño que se le ubicara en este pedestal simbólico, ya que los problemas sistémicos que llevaron a su muerte, como la violencia, la corrupción, la impunidad y los proyectos extractivistas permanecen vigentes. Los defensores ambientales, después de todo, siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes en Honduras. Todavía se desconoce el entramado completo de la red involucrada en la planificación de su asesinato. Algunos cómplices de su muerte hoy todavía pudieran superar el alcance de la justicia.

Traducción al español de Teresa Córdova Rodríguez

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